“Violència i criminalització de la protesta: un breu recorregut històric”

Dia i hora
23/07/2020
19:00 - 21:00

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El proper dijous, 23 de juliol de 2020, a les 19 hores, en Pau Casanellas (Professor de la UAB) ens parlarà sobre la “Violència i criminalització de la protesta: un breu recorregut històric”.

Aquesta vídeo-xerrada l’organitzem des de la FSS dins el marc d’activitats de Can Batlló (www.canbatllo.org).

Us podeu connectar via meet.jit.si/crimiprotesta o pel canal de You Tube de la Fundació Salvador Seguí BCN (https://ja.cat/COCnk)

(de la wikipedia) :

“La expresión criminalización de la protesta social o criminalización del activismo social es utilizada por algunos investigadores y sectores sociales para referirse a la aplicación del código penal, los delitos y penas que el mismo contempla, a modalidades del activismo y de la protesta social, con el fin de debilitarla o desorganizarla. La misma se encuentra relacionada con un debate en el seno de la sociedad, sobre los límites de los actos de protesta y sobre todo las medidas de acción directa, vistos como ejercicio de la libertad de asociación y la libertad de expresión, y su posible colisión con los derechos individuales de otras personas, o con los daños materiales que se pudieran causar a bienes privados o públicos e inclusive al medio ambiente.

Antecedentes
Se suele considerar que se trata de un fenómeno reciente el reclamo de derechos por vías no institucionales, pero que en realidad no es nuevo: en el siglo XIX se tendía a criminalizar a los líderes de movimientos masivos, considerados “degenerados”, en muchos de estos casos la legislación se dirigía en contra de la libertad de asociación en el ámbito laboral (libertad sindical). Algunos casos de resonancia mundial como las condenas a muerte en los Estados Unidos de los llamados Mártires de Chicago y de Sacco y Vanzetti.

Estrategia gubernamental
La criminalización de la protesta o el activismo social es una estrategia del Estado, aplicado por gobiernos o la fuerza pública, que implicaría la modificación y el uso de las leyes para detener y condenar con altas penas a los llamados activistas sociales, manifestándose también en otras medidas que —fuera de la ley y gradualmente— consistirían en señalar, hostigar, perseguir, encarcelar, y hasta torturar y asesinar a quienes actúan motivados por opciones de vida políticas, comparándolos con delincuentes y/o terroristas.
Desde este punto de vista, la detención de activistas pretendería inhibir la protesta social; en sus manifestaciones más extremas constituiría una forma de terrorismo de Estado. Quienes estarían a cargo de inducir a la deslegitimación de los activistas y movimientos sociales serían políticos, jueces, policías y medios de comunicación.
Es así que el estado en lugar de ser el garante del ejercicio de derechos, puede terminar siendo quien los restrinja por medio de la actividad legislativa que limiten libertades tales como la de expresión, asociación, manifestación, acceso a la información, etc. Y cuyo objetivo se encuentre orientado a la deslegitimación, difamación y judicialización de las protestas, persiguiendo la tarea de debilitar y romper el tejido social, bajo el pretexto del argumento de todo lo relativo a la seguridad ciudadana”